- Tomado Latinus
El auditor especial de desempeño, Agustín Caso Raphael, informó a la Cámara de Diputados que fue cesado hace dos días por David Colmenares, titular de la Auditoría Superior de la Federación.
“En su oportunidad interpondré los recursos jurídicos necesarios ante una decisión arbitraria e ilegal, porque la remoción se hace sin demostrar que se haya incurrido en alguna de las causales establecidas en la Ley de Fiscalización y Rendición de Cuentas de la Federación, artículos 93 y 94”, se lee en una carta que envió a los diputados.
En su cuenta de X, el exauditor Gerardo Lozano Dubernard puntualizó que “un auditor especial no puede ser cesado en sus funciones, excepto por causas graves” y en referencia a Caso Raphael dijo “pero supongo eso tendrá que ser resuelto en la vía legal”. En su misiva, Caso Raphael dijo que es necesario “dejar claro que este movimiento laboral no representa en sí mismo una afrenta institucional y, por mi parte, tampoco representa una afectación personal”, destacó.
Caso Raphael consideró que este movimiento laboral no representa en sí mismo una “afrenta institucional, y por mi parte, tampoco representa una afectación personal”.
“Para nadie es un secreto que de manera cada vez más grave, en la ASF se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la fiscalización, lo que se traduce en abandonar o hacer retroceder a los equipos auditores en su misión”, aseguró.
Además, subrayó que “se han dejado de procurar y hacer cumplir los principios de separación de poderes”. “Con ello, se han debilitado no sólo a la Auditoría, sino a todas las instituciones públicas que dejan de cumplir con su actividad institucional, la cual emana del mandato constitucional a que están obligados”, añadió.
El auditor especial afirmó que “si una simple evaluación incomoda a un funcionario, esta desaparece, ya no se diga de la integración del programa anual de auditorías, el cual se ha vuelto una suerte de autocensura, pues no se nos permite incorporar los temas de relevancia nacional”.
“Además, la intromisión de enfoques, alcances y resultados de las auditorías que son sujetas a una revisión que no es técnica, y que sirve al propósito de expurgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”, señaló. El 7 de marzo de 2024, Caso Raphael fue cuestionado por legisladores de la mayoría de las bancadas y le pidieron aclarar su situación legal durante la revisión de la Cuenta Pública 2022. Ese día, el auditor especial de desempeño informó a la Cámara de Diputados que hay abiertos en su contra cuatro procedimientos de responsabilidad administrativa por reportar en 2021 que la cancelación del aeropuerto en Texcoco costaría 332 mil millones de pesos. En marzo de 2021 fue removido de su cargo de manera temporal mientras se le investigaba por haber emitido un comunicado en el que reconoce inconsistencias en el informe sobre la cancelación del aeropuerto de Texcoco.
