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Revira AMLO a la SCJN y blinda información del Tren Maya y obras prioritarias; las declara obras de seguridad nacional

  • El nuevo decreto que declara como de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum fue publicado esta tarde en el DOF.

TOMADO DE SIN EMBRGO

Ciudad de México, 18 de mayo (SinEmbargo).– Luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN)  invalidó el acuerdo emitido por el Presidente Andrés Manuel López Obrador para clasificar proyectos y obras prioritarias del Gobierno federal como de seguridad nacional, el mandatario emitió esta tarde un nuevo decreto en el que declara como de seguridad nacional e interés público la construcción, funcionamiento y operación del Tren Maya, el Corredor Interoceánico del Istmo y los aeropuertos de Palenque, Chetumal y Tulum.

“Son de seguridad nacional y de interés público la construcción, funcionamiento, mantenimiento, operación, infraestructura, los espacios, bienes de interés público, ejecución y administración de la infraestructura de transportes, de servicios y polos de desarrollo para el bienestar y equipo tanto del Tren Maya como del Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, y los aeropuertos de Palenque, Chiapas; de Chetumal y de Tulum, Quintana Roo, en los términos expresados en la parte considerativa de este decreto”, se lee en el documento publicado la tarde de este jueves en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

El presente decreto, que entra en vigor el día de su publicación en el Diario Oficial de la Federación, tiene las firmas de los secretarios de Gobernación, Defensa Nacional y Marina.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación falló este jueves que el Gobierno federal no puede simplemente decretar que los trenes turísticos u otros proyectos de obras públicas son asuntos de “seguridad nacional”, debido a que eso viola el derecho del público a la información.

Durante la sesión del pleno de la Suprema Corte, ocho ministros votaron a favor y tres en contra de la controversia constitucional con expediente 217/2021, el cual fue promovido en diciembre de 2021 por el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI).

Los tres ministros que se posicionaron a favor del decreto del Presidente López Obrador fueron Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, Loretta Ortiz Ahlf y Yasmín Esquivel Mossa.

El Ministro Juan Luis González Alcántara expuso en su proyecto de sentencia que el acuerdo era inconstitucional debido a la ambigüedad con respecto a las implicaciones del derecho al acceso a la información pública y transparencia, hecho que obstaculizaría el acceso al mencionado derecho.

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“Tal como está formulado el acuerdo analizado pone en entredicho las obligaciones de transparencia que pesan sobre las autoridades que ejercen recursos públicos y que tiene como objetivo permitir un control ciudadano sobre este objetivo”, argumentó.

Por el contrario, el Ministro Arturo Zaldívar señaló que el acuerdo no interfiere con el derecho de acceso a la información y, por consiguiente, tampoco afecta a las atribuciones del INAI en materia de transparencia.

“La propuesta parte en su totalidad de una premisa equivocada. Asumir que al utilizar la expresión ‘interés público y seguridad nacional’, que también se utiliza en el Artículo 6 constitucional, el acuerdo sitúa toda la información derivada de las obras prioritarias en el supuesto de reserva del Artículo 113 Fracción Primera de la Ley de la materia”, señaló.

Luego de que se diera a conocer la invalidación del acuerdo del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el INAI aplaudió que la Suprema Corte fallara a su favor, pues afirmó que el derecho de la sociedad al acceso a la información y transparencia ha sido salvado.

“El fallo de la Corte deja a salvo el derecho de la sociedad a conocer y acceder a toda la información relacionada con los proyectos y obras a cargo del Gobierno, lo cual permitirá monitorear su desarrollo y vigilar que el gasto público se lleve a cabo de manera eficaz y eficiente”, dijo el INAI en un comunicado.

A través de la controversia constitucional, el Instituto advirtió que el decreto del mandatario mexicano realizaba una “reserva anticipada y generalizada de la información” relacionada a proyectos y obras del Gobierno federal, hecho que vulneraba el derecho a saber de la sociedad.

“El acuerdo ampliaba el concepto de seguridad nacional y alteraba los supuestos de excepción para la reserva de la información pública. Por tanto, el Instituto concluyó que existía una posible violación al derecho de acceso a la información”.

El INAI estuvo de acuerdo con que el carácter de seguridad nacional e interés público son causales de reserva o clasificación de la información, también aseveró que se debe analizar caso por caso y elaborar la prueba de daño correspondiente.

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