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¿Quién es la propuesta de nuevo fiscal?

  • Envió el Gobernador Alfonso Durazo su propuesta al Congreso

Por Oralia Acosta G.

Este martes, el gobernador Alfonso Durazo envió al Congreso del Estado su propuesta para ocupar el cargo de Fiscal General de Justicia del Estado de Sonora (FGJE), y aunque dijo que no revelaría el nombre, anoche trascendió la confirmación de que se trata de Gustavo Rómulo Salas Chávez, ex titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) en el periodo de Enrique Peña Nieto.

Aunque se ha manejado la propuesta como “secreto de Estado”, el perfil propuesto por el gobernador del estado al Poder Legislativo para sustituir a la ya ex fiscal Claudia Indira Contreras Córdova, quien dejó de ser la titular de la FGJE este lunes, recae en un personaje que, si bien, ha acompañado al actual gobierno estatal prácticamente desde el inicio, su cargo más prominente lo tuvo en el mandato peñanietista.

El gobernador Durazo sostuvo que se trata de una persona de excepción y comprometido con su trabajo:

“Es una persona de larguísima trayectoria en el ámbito de la procuración de justicia, participó con nosotros en el gabinete de seguridad, en el rubro de judicialización le correspondió integrar las carpetas para la judicialización de los primeros casos que fueron sentenciados por la tragedia de Bavispe, es autor de cuatro libros, es doctor en derecho penal (…) Es una gente de excepción, una gente elemental, sumamente comprometido, vamos a tener muy buen fiscal”, dijo.

La propuesta llegó ayer mismo al Poder Legislativo y entró por correspondencia por lo que podría dictaminarse este mismo día para bajar al Pleno este jueves.

Pero, ¿quién es Gustavo Rómulo Salas Chávez?

Es egresado de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México y cuenta con estudios de posgrado en el Instituto Nacional de Administración Pública (INAP), la Universidad Autónoma de Barcelona y el Centro de Estudios Superiores en Ciencias Jurídicas y Criminológicas.

En la actual administración estatal ha estado a cargo de la subsecretaría de Control de la Legalidad, Procesos y Atención Jurídica a Instancias Federales del gobierno de Sonora y cumple las funciones de secretario de la Mesa Estatal de Seguridad.  Sin embargo, su trayectoria lo vincula al gobierno de Peña Nieto tanto en el nivel federal como estatal.

En septiembre de 2015 fue nombrado titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación en Delincuencia Organizada (SEIDO) con el encargo de encabezar las investigaciones sobre la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa.

Antes, fue titular del Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el combate a la Delincuencia (Cenapi) de la PGR y en la misma la PGR había ocupado los cargos de fiscal especial para la Atención de Delitos contra de la Libertad de Expresión y director general adjunto de Asesoría en Materia de Asuntos Especiales.

También fue agente del Ministerio Público de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México. Fue secretario de Seguridad Pública en el estado de Chiapas; fiscal de Homicidios y coordinador general del Ministerio Público Especializado en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal.

En publicaciones periodísticas, concretamente de la revista Proceso, se le ha vinculado al espionaje y vigilancia que la PGR habría ordenado entre 2015 y 2016 contra la periodista Marcela Turati, la abogada Ana Lorena Delgadillo y la forense Marcela Doretti, en lo que ha sido considerado como represalia por haber evidenciado con sus trabajos presuntas irregularidades en la investigación de una masacre ocurrida en Tamaulipas.

No hubo confirmación de ello, pero al haber sido el titular de la SEIDO, fue uno de los funcionarios señalados como quienes estaban en conocimiento del referido espionaje.                                                                                                                    

Por lo pronto, la propuesta está en la cancha del Congreso del Estado, donde se advierte que será aprobada sin ninguna complicación, dada la composición y distribución de fuerzas políticas del Poder Legislativo, donde son amplia mayoría los legisladores emanados y sumados al partido en el poder.

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