El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, publicó en el Diario Oficial de la Federación la medianoche de este jueves las últimas cuatro reformas en materia electoral del denominado “plan B” del Gobierno, con lo que, formalmente, han entrado en vigor. Otras dos reformas que formaban parte del mismo paquete fueron publicadas en el órgano de difusión oficial a finales de diciembre y ya han sido objetadas ante la Suprema Corte de Justicia.
Las nuevas leyes promulgadas este jueves ordenan el cese del secretario ejecutivo del Instituto Nacional Electoral (INE), Edmundo Jacobo Molina, quien ha estado en funciones durante 14 años y que ha sido mano derecha del titular del órgano electoral, Lorenzo Córdova.
López Obrador celebró por la mañana la remoción del funcionario, a quien criticó por haber estado tanto tiempo en el mismo cargo con un sueldo mayor al que él gana como presidente de la República. Por su parte, tanto el INE como Jacobo han adelantado que promoverán recursos legales ante la justicia federal contra el cese del secretario.
El artículo transitorio Decimoséptimo del decreto ordena que, dada la modificación de las facultades de la Secretaría Ejecutiva del INE, el titular de dicho órgano de dirección “cesará en sus funciones” a partir de la publicación en el Diario Oficial.
Jacobo, de 67 años, fue designado secretario ejecutivo en 2008. En febrero de 2020 fue ratificado por el Consejo General del INE en el cargo por seis años más. Es decir, el funcionario ha cumplido al día de hoy 14 años en el cargo con posibilidad de estar en él otros tres más. “A lo mejor quiere tener empleo de manera vitalicia”, ha ironizado el presidente López Obrador en su mañanera. “Se le olvida que vivimos en una república, no en una monarquía. Si se hace una reforma y ya se considera que un cargo como el que él desempeñaba es innecesario y que hay que ahorrar… porque me gustaría que él informara desde cuándo está en el cargo y cuánto gana”.
Acto seguido, el personal de apoyo del presidente le informó de que Jacobo percibe 167.000 mil pesos mensuales. “¡15 años y todavía se atreve a ir a quejarse!”, exclamó López Obrador. “Es muy probable que el Poder Judicial anule la ley [reforma] electoral y él regrese a su cargo y pueda tardar otros 15 años. Porfirio Díaz tardó 34 años [en el poder]. ¡Está re bien así! ¡Son unos cinicazos! Una vez más, sostengo, la ley electoral que están impugnando no afecta en nada en el funcionamiento del INE. Lo que propone esta ley es obtener algunos ahorros, y ni siquiera mucho, porque no se pudo hacer la reforma constitucional”.
En realidad, el “plan B” sí afecta la estructura institucional del INE y limita sus funciones de sanción a funcionarios públicos que utilicen su cargo para promover su imagen y hacer campaña, entre otras modificaciones. Una parte del paquete de reformas ya fue impugnada ante el Supremo, que deberá resolver si los cambios legales no atentan contra la Constitución.
